Al menos 150 efectivos policiales desbloquearon en la tarde por la fuerza la carretera 9 de Santa Cruz-Yacuiba, donde los guaraníes obstaculizaban el paso en Urundaití, distante a 15 kilómetros de la ciudad de Camiri.
Otros 80 policías intervinieron aproximadamente a las 17:30 otro bloqueo en la misma ruta, pero a la altura del ingreso a la comunidad de Aguayrenda en Yacuiba, informaron Erbol y el diario El Chaqueño.
En ambos casos hubo heridos de los dos lados, aunque no se conocía la cifra exacta. Dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) fueron detenidos, pero a pesar de ello las bases anunciaron que volverían a bloquear.
Radio Fides informó sobre otro bloqueo de pueblos originarios en Pando, cerca del municipio de El Sena, que, según anunció la Policía, iba a ser intervenido en cualquier momento.
El Gobierno no se manifestó ayer sobre la represión a los bloqueos indígenas. Este medio intentó comunicarse con el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, sin suerte.
En tanto, luego de una asamblea de los marchistas en Limoncito, Beni, que se prolongó por más de cuatro horas, la determinación de continuar la marcha fue unánime de parte de los aproximadamente 1.200 indígenas que permanecen en la marcha.
Sólo una delegación de los guaraníes continuaba en La Embocada y se preveía que arribe hoy a Limoncito para sumarse a la columna.
“Hemos tomado la determinación de continuar la marcha pese al acoso y persecución del Gobierno. Esta es una marcha pacífica y no tenemos absolutamente nada que temer, por eso estamos invitando a todas las organizaciones de derechos humanos, Defensor del Pueblo y la prensa nacional e internacional, a que sean testigos de lo que pueda pasar mañana (hoy) cuando nos topemos con la barreta policial”, dijo el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas.
El director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villena, ayer circulaba en un jeep verde por la plaza del municipio de San Borja, a 40 kilómetros de Limoncito, acompañado por dos agentes de civil.
Consultado sobre si la Policía dejará pasar o no a los marchistas, Villena respondió con otra pregunta: “¿Y qué va a pasar en Yucumo, Caranavi y otras comunidades si nosotros los dejamos pasar?” y agregó que la Policía está allí para proteger la vida y la integridad de las personas. “Esperemos que no haya fricción, que no haya enfrentamiento de ninguna clase”, dijo el funcionario. Villena descartó que la Policía vaya a gasificar o reprimir con violencia a los marchistas.
En tanto, Vargas dijo que cualquier agresión o acto de violencia en contra de los marchistas es de absoluta responsabilidad del Gobierno porque la marcha del Tipnis es totalmente pacífica.
Llamados
Naciones Unidas (ONU), la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo pidieron este lunes públicamente al Gobierno evitar enfrentamientos, buscar el diálogo y le recordaron que es su obligación hacer respetar el derecho a la libre circulación.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal Boliviana hizo un llamado público a las autoridades y sectores involucrados a “evitar toda confrontación y violencia que, lejos de resolver el conflicto, agrava la división y los resentimientos entre hermanos, con consecuencias impredecibles que todos podríamos lamentar”.
Indicó que toda marcha, realizada pacíficamente y en el marco democrático vigente, está amparada por la Constitución Política del Estado bajo el derecho a la libre circulación y las autoridades competentes tienen la responsabilidad de hacer respetar ese derecho.
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia convocó a los dirigentes de organizaciones sociales a coadyuvar con responsabilidad a mantener un clima de paz, de tolerancia y de respeto del derecho de libre expresión de todos los interesados en el problema, evitando cualquier tipo de amenazas o presiones. “Igualmente, Naciones Unidas recuerda al Estado su obligación de proteger a toda persona de cualquier forma de violencia, y de garantizar el ejercicio del derecho a expresarse de manera pacífica”, agregó.
Finalmente, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió al contingente de policías que se encuentra en Yucumo permitir el paso a la marcha indígena. “Los indígenas tienen ese derecho constitucional y ningún argumento es válido para evitar su paso hacia La Paz”, sostuvo.
Villena además condenó que un grupo de bloqueadores, el pasado fin de semana, haya impedido el paso de un vehículo con voluntarios del Fobomade que transportaba alimentos, agua y otros para los indígenas.
“Lo condeno, porque no se puede permitir que se esté haciendo un uso de la fuerza irresponsable en ese tipo de cosas, cuando lo menos que podemos esperar es comprensión, solidaridad y aprender a discutir nuestros problemas con altura, pero no ejerciendo de esa manera presiones que evidentemente entorpecen las relaciones”, dijo.
Villena también cuestionó el contrato para la construcción de la carretera entre la brasileña OAS y la ABC.
Mediación internacional
• La Confederación Nacional de Naciones Indígenas presentó “una solicitud de medidas cautelares” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Gobierno evite enfrentamientos en Yucumo.
INICIAN OTRA ACCIÓN CAUTELAR ANTE CIDH
El vicepresidente de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia, Víctor Hugo Velasco Iporre, con el apoyo de Asamblea Boliviana Democrática y un consorcio jurídico de Washington DC, presentaron el viernes pasado una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para exigir al Gobierno de Bolivia que emplee todos los medios a su alcance para evitar el enfrentamiento entre los grupos indígenas con los colonizadores, cocaleros y las fuerzas policiales en la localidad de Yucumo.
Es la segunda acción de ese tipo que es presentada ante la CIDH por el conflicto del Tipnis. La primera demanda de medidas cautelares fue iniciada antes del inicio de la marcha indígena por la Subcentral del Tipnis, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños (Cpembe) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) para frenar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos con el argumento de que el Gobierno de Evo Morales ha incumplido convenios internacionales que protegen el derecho de los pueblos sobre su tierra y a la consulta previa.
También ayer se conoció que un representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) acudió ante las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) para denunciar la violación de los derechos indígenas por el Gobierno de Evo Morales.
En un comunicado, el consorcio jurídico que apoyó la nueva solicitud a la CIDH explicó que existe un grave riesgo de que se violen diversos derechos protegidos por convenciones internacionales si el Estado boliviano no garantizara la protesta pacífica de los indígenas y su paso a través de Yucumo para llegar hasta la ciudad de La Paz.
AGENTES Y SOSPECHAS
El presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas declaró ayer que tienen información de que el director de Régimen Interior, Boris Villena, del Ministerio de Gobierno estaba acompañado por agentes venezolanos mientras recorría en cercanías a la comunidad de Limoncito.
El dirigente criticó que el Gobierno tenga que recurrir a agentes externos para vigilar a los marchistas.
En tanto, una patrulla policial indígena, que vigila con arcos y flechas, abordó ayer a tres personas (dos varones y una mujer) que caminaban cerca de los predios donde se encuentra instalado el campamento de los indígenas en Limoncito.
La sospecha de los indígenas era que los extraños fuesen agentes de inteligencia del Gobierno.
Los forasteros indicaron que investigaban temas de medio ambiente y se enredaron explicando temas ecológicos que nadie entendió. Pese a que no los convencieron, los indígenas los dejaron ir.
Adoptan medidas de seguridad
Luego de la detención, el domingo, de dos dirigentes de el Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), quienes continuarían arrestados en la ciudad de La Paz, los presidentes de la organizaciones indígenas han adoptado medidas de seguridad ante el temor de ser detenidos por agentes de inteligencia de la Policía que permanentemente pasan por la carretera, a pocos metros del campamento de Limoncito, en vehículos todo terreno.
“En realidad, la Policía Boliviana es el primer frente que ha organizado el Gobierno para detener la marcha. A esto se suman las detenciones de nuestros compañeros que de manera cobarde ha instruido el ministerio”, dijo el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas.
Ayer, en el campamento de Limoncito, un grupo de indígenas resguardaba el ingreso al predio dónde se realizaba la asamblea para definir si partía o no hoy la marcha. Los centinelas, con arcos y flechas, perseguían cuando consideraban “sospechoso” a algún vehículo que pasaba por ahí.
PIDIERON DIALOGAR EN QUIQUIBEY
El Gobierno rechazó ayer la propuesta de diálogo enviada por los marchistas a través del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que pedía instalar la negociación en la población de Quiquibey, en la frontera entre Beni y La Paz.
Los indígenas exigieron además en su carta “levantar inmediatamente el bloqueo de los colonizadores de Yucumo y de la trinchera policial” como condición para iniciar el diálogo.
Otro punto de la carta es la solicitud de libertad de los dirigentes y técnicos de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Magalí Barba y Pablo Ibañez, además de la devolución del vehículo secuestrado por la Policía.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, sólo criticó las demandas de los marchistas, pidió “despolitizar” su pliego y se desentendió de las denuncias de detención de dirigentes. Indicó que ninguna persona está detenida y que el chofer del motorizado sólo prestó sus declaraciones en oficinas del Ministerio Público en la ciudad de La Paz.
Los marchistas demandaron al Gobierno parar con la persecución política hacia los dirigentes. En su carta, también solicitaron al Ejecutivo otras garantías para la instalación del diálogo como la libre transitabilidad y que brinde seguridad a todos los marchistas, técnicos, asesores y líderes.
“Como pueblos indígenas de tierras bajas damos todas las condiciones y garantías para su realización”, dice la misiva.
• La Confederación Nacional de Naciones Indígenas presentó “una solicitud de medidas cautelares” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Gobierno evite enfrentamientos en Yucumo.
INICIAN OTRA ACCIÓN CAUTELAR ANTE CIDH
El vicepresidente de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia, Víctor Hugo Velasco Iporre, con el apoyo de Asamblea Boliviana Democrática y un consorcio jurídico de Washington DC, presentaron el viernes pasado una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para exigir al Gobierno de Bolivia que emplee todos los medios a su alcance para evitar el enfrentamiento entre los grupos indígenas con los colonizadores, cocaleros y las fuerzas policiales en la localidad de Yucumo.
Es la segunda acción de ese tipo que es presentada ante la CIDH por el conflicto del Tipnis. La primera demanda de medidas cautelares fue iniciada antes del inicio de la marcha indígena por la Subcentral del Tipnis, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños (Cpembe) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) para frenar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos con el argumento de que el Gobierno de Evo Morales ha incumplido convenios internacionales que protegen el derecho de los pueblos sobre su tierra y a la consulta previa.
También ayer se conoció que un representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) acudió ante las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) para denunciar la violación de los derechos indígenas por el Gobierno de Evo Morales.
En un comunicado, el consorcio jurídico que apoyó la nueva solicitud a la CIDH explicó que existe un grave riesgo de que se violen diversos derechos protegidos por convenciones internacionales si el Estado boliviano no garantizara la protesta pacífica de los indígenas y su paso a través de Yucumo para llegar hasta la ciudad de La Paz.
AGENTES Y SOSPECHAS
El presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas declaró ayer que tienen información de que el director de Régimen Interior, Boris Villena, del Ministerio de Gobierno estaba acompañado por agentes venezolanos mientras recorría en cercanías a la comunidad de Limoncito.
El dirigente criticó que el Gobierno tenga que recurrir a agentes externos para vigilar a los marchistas.
En tanto, una patrulla policial indígena, que vigila con arcos y flechas, abordó ayer a tres personas (dos varones y una mujer) que caminaban cerca de los predios donde se encuentra instalado el campamento de los indígenas en Limoncito.
La sospecha de los indígenas era que los extraños fuesen agentes de inteligencia del Gobierno.
Los forasteros indicaron que investigaban temas de medio ambiente y se enredaron explicando temas ecológicos que nadie entendió. Pese a que no los convencieron, los indígenas los dejaron ir.
Adoptan medidas de seguridad
Luego de la detención, el domingo, de dos dirigentes de el Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), quienes continuarían arrestados en la ciudad de La Paz, los presidentes de la organizaciones indígenas han adoptado medidas de seguridad ante el temor de ser detenidos por agentes de inteligencia de la Policía que permanentemente pasan por la carretera, a pocos metros del campamento de Limoncito, en vehículos todo terreno.
“En realidad, la Policía Boliviana es el primer frente que ha organizado el Gobierno para detener la marcha. A esto se suman las detenciones de nuestros compañeros que de manera cobarde ha instruido el ministerio”, dijo el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas.
Ayer, en el campamento de Limoncito, un grupo de indígenas resguardaba el ingreso al predio dónde se realizaba la asamblea para definir si partía o no hoy la marcha. Los centinelas, con arcos y flechas, perseguían cuando consideraban “sospechoso” a algún vehículo que pasaba por ahí.
PIDIERON DIALOGAR EN QUIQUIBEY
Gobierno rechaza última propuesta de marchistas
Los Tiempos y AnfEl Gobierno rechazó ayer la propuesta de diálogo enviada por los marchistas a través del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que pedía instalar la negociación en la población de Quiquibey, en la frontera entre Beni y La Paz.
Los indígenas exigieron además en su carta “levantar inmediatamente el bloqueo de los colonizadores de Yucumo y de la trinchera policial” como condición para iniciar el diálogo.
Otro punto de la carta es la solicitud de libertad de los dirigentes y técnicos de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Magalí Barba y Pablo Ibañez, además de la devolución del vehículo secuestrado por la Policía.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, sólo criticó las demandas de los marchistas, pidió “despolitizar” su pliego y se desentendió de las denuncias de detención de dirigentes. Indicó que ninguna persona está detenida y que el chofer del motorizado sólo prestó sus declaraciones en oficinas del Ministerio Público en la ciudad de La Paz.
Los marchistas demandaron al Gobierno parar con la persecución política hacia los dirigentes. En su carta, también solicitaron al Ejecutivo otras garantías para la instalación del diálogo como la libre transitabilidad y que brinde seguridad a todos los marchistas, técnicos, asesores y líderes.
“Como pueblos indígenas de tierras bajas damos todas las condiciones y garantías para su realización”, dice la misiva.
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