El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, durante el anuncio, ayer. - Apg Agencia
El Gobierno suspendió ayer de sus funciones al subcomandante nacional de la Policía, general Óscar Muñoz, y lo puso a disposición del Ministerio Público para que sea investigado por la represión a los indígenas el 25 de septiembre en la zona de Chaparina, cerca de Yucumo.
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, informó ayer de esa determinación durante su primera comparecencia ante la prensa desde que asumió el cargo el pasado 28 de septiembre en reemplazo de Sacha Llorenti, quien renunció ante las acusaciones de haber sido él quien ordenó la intervención policial.
Chávez desmintió la renuncia del Alto Mando Policial y del comandante Nacional, Jorge Santiesteban, ante el malestar entre los uniformados de base por la posibilidad de que los que participaron en el operativo sean procesados. Este descontento fue negado ayer por Chávez y el Comando Policial.
Fuentes de la Policía aseguraron que la suspensión de Muñoz se produjo el mismo día en que supuestamente él y Santiesteban intercambiaron golpes.
El motivo era que el Jefe nacional no defendió a sus subordinados cuando los miembros del Ejecutivo responsabilizaron a la Policía por la violenta represión a los indígenas.
El Ministro de Gobierno no se refirió a la supuesta refriega entre los jefes policiales. Sin embargo, insistió en responsabilizar al exviceministro Marcos Farfán de ordenar la represión a los marchistas, aunque aclaró que Farfán no ordenó vejar a los indígenas, en la forma como lo hicieron los policías.
De igual modo señaló que la responsabilidad en la represión del director nacional de Inteligencia, coronel Víctor Maldonado, debe ser determinada en una investigación y que por el momento se suspende a Muñoz, sin goce de haberes, porque él estaba a cargo del operativo.
Maldonado “no tenía el mando de la operación, había un jefe policial que era el responsable”, reiteró Chávez, al mencionar que para el Gobierno “está claro” quién estaba en la dirección de las operaciones y de dónde salió la orden de intervenir la marcha.
En su criterio, la responsabilidad de los sucesos es individual y, si bien pudo haber una orden de intervención, el Gobierno no instruyó la forma del operativo y por esos hechos se deben establecer responsabilidades.
Chávez insistió que Muñoz debe someterse a una investigación penal porque fue quien estuvo a cargo del operativo policial contra los indígenas el 25 de septiembre pasado y que según la Ley 101 del nuevo reglamento policial cualquier policía –aún siendo autoridad– que está sometido a investigación, debe ser suspendido.
Asimismo, dijo que se ponía a disposición del Ministerio Público a todos los oficiales y policías que estuvieron en el operativo, para que presten sus declaraciones informativas ante los investigadores, cuando sean requeridos.
“Muñoz deberá explicar al Ministerio Público los detalles del operativo y por qué ordenó la brutal represión”, dijo el Ministro.
La Fiscalía lleva adelante dos investigaciones sobre los mismos hechos; la primera, la realiza una comisión de fiscales en el Beni, y la segunda es un proceso que fue instaurado por el Movimiento Sin Miedo ante la Fiscalía paceña.
Para los diputados indígenas, esta suspensión “no es suficiente”. El diputado Bienvenido Sacu dijo que se debe procesar y encarcelar a los represores. “Lo que hicieron no tiene nombre, sólo los que pasamos por esta represión podemos sentir lo que se hizo ese día”, dijo el legislador.
Sacu pidió que los responsables, incluido el director de Régimen Interior, Boris Villegas, que fue filmado dirigiendo el operativo, sean sometidos a la justicia.
En criterio del Ministro, este funcionario “cumplió las tareas que le encomendaron”, y por tanto sigue en su puesto, pero deberá comparecer cuando sea convocado por la Fiscalía y por la comisión internacional.
Policías mantienen emergencia
Los policías del servicio pasivo, que han estado transmitiendo el malestar dentro de la entidad policial por los últimos hechos, ayer ratificaron que se mantienen en estado de emergencia, siguiendo las acciones que se están tomando con relación a la intervención a los indígenas el 25 de septiembre pasado.
Rechazaron el comunicado emitido por el Comando de la Policía desmintiendo la existencia de malestar y ratificaron que no permitirán el procesamiento de ninguno de los efectivos de base que participaron del operativo en Beni.
Anunciaron para hoy una reunión para analizar la situación y tomar medidas en defensa de los efectivos.
Uno de los dirigentes de los policías pasivos de Cochabamba, manifestó que no solo el subcomandante Nacional Óscar Muñoz debió ser suspendido, sino también el Comandante Nacional, Jorge Santiesteban, quien por ética el mismo día de la vergonzosa represión debió dejar el cargo y solicitar su relevo.
Además, dijo que se olvidaron de los subalternos, los abandonaron a su suerte en Yucumo, sin viáticos ni alimentos. “Por un mínimo de vergüenza, de moral que le queda, debería pedir su relevo, lo contrario se puede entender que está encubriendo a quienes ordenaron realizar el operativo”, manifestó el presentante de los pasivos, Antonio Vargas, al sostener que lo justo sería que los dos –Santiesteban y Muñoz– sean relevados porque el segundo sólo ejecutó órdenes superiores.
El presidente de la Asociación Nacional de Jefes y Oficiales de la Policía en Servicio Pasivo, Carlos Camberos, afirmó ayer en La Paz que continúa la disconformidad en filas de la institución verde olivo por las declaraciones del presidente Evo Morales, y rechazó la intención de acallar las voces que defienden a los policías.
Intervención
• El Ministro de Gobierno dijo que el general Óscar Muñoz estuvo a cargo del operativo el 25 de septiembre, por lo que será sometido a una investigación penal. Policías de base están en emergencia
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Dan arresto domiciliario a Savina Cuéllar
Savina Cuéllar, exprefecta de Chuquisaca. - Afka Periodista Invitado
Sucre
Un Tribunal de la Corte Superior de Chuquisaca dispuso ayer la detención domiciliaria, el arraigo y la prohibición de participar en reuniones universitarias y concentraciones públicas a la exprefecta Savina Cuéllar, la exalcaldesa de Sucre Aydeé Nava, el ex dirigente cívico Jhon Cava, la exasambleísta constituyente del MAS Epifania Terrazas y los universitarios Jamil Pillco y Antonio Jesús Mendoza, acusados por las vejaciones a campesinos el 24 de mayo de 2008.
Los acusados anunciaron que apelarán la disposición por considerarla “excesiva” y una medida cautelar “mordaza”, que les prohíbe ejercer su derecho fundamental a participar de actividades sociales o políticas con una intención clara de evitar que hagan campaña en las elecciones municipales del 18 de diciembre.
El Tribunal –por unanimidad– dio curso al pedido de la Fiscalía de la medida cautelar sustitutiva a la detención preventiva, pero no se pronunció sobre la fianza de Bs 30 mil fijada a cada uno de ellos.
El tribunal estuvo conformado por los jueces técnicos Adalberto Gutiérrez y Carlos Monzón y los jueces ciudadanos Sigliola Durán y Arturo Guerra González.
Los sindicados no podrán salir de su casa sino es a su fuente laboral, están arraigados a nivel nacional y prohibidos de asistir a reuniones y manifestaciones políticas. Terrazas, al escuchar la decisión lloró.
En cambio para los universitarios Eivar Díaz y Rodrigo Anzaldo, se dispuso la presentación todos los lunes en la Fiscalía, el arraigo y la prohibición de asistir a manifestaciones públicas. El universitario Iván Álvaro Ríos deberá presentarse todos los días en la Fiscalía a firmar el libro de control.
Ni la Fiscalía ni los acusadores pidieron agravar la situación del exalcalde de Sucre Jaime Barrón, quien cumple detención domiciliaria desde hace varios meses; el único que está con detención preventiva en San Roque es el exconcejal Fidel Herrera, pero por otro caso.
El presidente del Tribunal de Sentencia, Adalberto Gutiérrez, luego de dar lectura a la parte resolutiva de la decisión, dijo que la prohibición para los acusados “es participar en movilizaciones universitarias, concentraciones o en reuniones que no están relacionadas con su fuente laboral”.
Medida excesiva
El abogado Jaime Tapia, defensa de Cuéllar, anunció que una vez que se conozcan los fundamentos del Tribunal se definirá si corresponde una apelación ante las instancias superiores.
Sin embargo, adelantó que los acusadores no acreditaron ni siquiera una probabilidad de participación de su defendida en los hechos para determinar una detención domiciliaria.
Calificó como un “exceso” la prohibición de asistir a reuniones y al derecho de protesta que son garantías constitucionales.
“Estos señores tienen que estar mudos, esto es casi como una medida cautelar mordaza, porque no pueden ejercer ningún derecho político”, enfatizó.
Tapia dijo que, de acuerdo a procedimiento, el Tribunal lo único que puede disponer como medida sustitutiva es la prohibición de los procesados de comunicarse entre imputados o con los testigos como una forma de asegurar la investigación “pero nada tiene que ver el ejercicio de derechos constitucionales como la protesta, participar en actividad social o política”.
Los cautelados son acusados de promover el maltrato y la humillación de un grupo de campesinos afines al Gobierno, que el 24 de mayo de 2008 se aprestaban a recibir al presidente Evo Morales.
• El Ministro de Gobierno dijo que el general Óscar Muñoz estuvo a cargo del operativo el 25 de septiembre, por lo que será sometido a una investigación penal. Policías de base están en emergencia
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Dan arresto domiciliario a Savina Cuéllar
Savina Cuéllar, exprefecta de Chuquisaca. - Afka Periodista Invitado
Sucre
Un Tribunal de la Corte Superior de Chuquisaca dispuso ayer la detención domiciliaria, el arraigo y la prohibición de participar en reuniones universitarias y concentraciones públicas a la exprefecta Savina Cuéllar, la exalcaldesa de Sucre Aydeé Nava, el ex dirigente cívico Jhon Cava, la exasambleísta constituyente del MAS Epifania Terrazas y los universitarios Jamil Pillco y Antonio Jesús Mendoza, acusados por las vejaciones a campesinos el 24 de mayo de 2008.
Los acusados anunciaron que apelarán la disposición por considerarla “excesiva” y una medida cautelar “mordaza”, que les prohíbe ejercer su derecho fundamental a participar de actividades sociales o políticas con una intención clara de evitar que hagan campaña en las elecciones municipales del 18 de diciembre.
El Tribunal –por unanimidad– dio curso al pedido de la Fiscalía de la medida cautelar sustitutiva a la detención preventiva, pero no se pronunció sobre la fianza de Bs 30 mil fijada a cada uno de ellos.
El tribunal estuvo conformado por los jueces técnicos Adalberto Gutiérrez y Carlos Monzón y los jueces ciudadanos Sigliola Durán y Arturo Guerra González.
Los sindicados no podrán salir de su casa sino es a su fuente laboral, están arraigados a nivel nacional y prohibidos de asistir a reuniones y manifestaciones políticas. Terrazas, al escuchar la decisión lloró.
En cambio para los universitarios Eivar Díaz y Rodrigo Anzaldo, se dispuso la presentación todos los lunes en la Fiscalía, el arraigo y la prohibición de asistir a manifestaciones públicas. El universitario Iván Álvaro Ríos deberá presentarse todos los días en la Fiscalía a firmar el libro de control.
Ni la Fiscalía ni los acusadores pidieron agravar la situación del exalcalde de Sucre Jaime Barrón, quien cumple detención domiciliaria desde hace varios meses; el único que está con detención preventiva en San Roque es el exconcejal Fidel Herrera, pero por otro caso.
El presidente del Tribunal de Sentencia, Adalberto Gutiérrez, luego de dar lectura a la parte resolutiva de la decisión, dijo que la prohibición para los acusados “es participar en movilizaciones universitarias, concentraciones o en reuniones que no están relacionadas con su fuente laboral”.
Medida excesiva
El abogado Jaime Tapia, defensa de Cuéllar, anunció que una vez que se conozcan los fundamentos del Tribunal se definirá si corresponde una apelación ante las instancias superiores.
Sin embargo, adelantó que los acusadores no acreditaron ni siquiera una probabilidad de participación de su defendida en los hechos para determinar una detención domiciliaria.
Calificó como un “exceso” la prohibición de asistir a reuniones y al derecho de protesta que son garantías constitucionales.
“Estos señores tienen que estar mudos, esto es casi como una medida cautelar mordaza, porque no pueden ejercer ningún derecho político”, enfatizó.
Tapia dijo que, de acuerdo a procedimiento, el Tribunal lo único que puede disponer como medida sustitutiva es la prohibición de los procesados de comunicarse entre imputados o con los testigos como una forma de asegurar la investigación “pero nada tiene que ver el ejercicio de derechos constitucionales como la protesta, participar en actividad social o política”.
Los cautelados son acusados de promover el maltrato y la humillación de un grupo de campesinos afines al Gobierno, que el 24 de mayo de 2008 se aprestaban a recibir al presidente Evo Morales.
REACCIONES
• El exalcalde de Sucre Jaime Barrón dijo que la resolución del Tribunal va contra la dignidad de quienes lucharon por la libertad y la democracia en Sucre.
• Jhon Cava calificó el juicio de “político” “porque el Ministerio Público lo único que hizo es ser parte de la persecución y de direccionar políticamente el juicio”.
• La exalcaldesa de Sucre Aydeé Nava dijo que la medida era “injusta y definitivamente una mordaza política al ser humano en su desenvolvimiento normal”.
• Para la exprefecta de Chuquisaca Savina Cuéllar, la decisión del Tribunal es política. “Sabemos que la justicia es política por ahora, pero algún día esto se va a esclarecer”, dijo.
• El exalcalde de Sucre Jaime Barrón dijo que la resolución del Tribunal va contra la dignidad de quienes lucharon por la libertad y la democracia en Sucre.
• Jhon Cava calificó el juicio de “político” “porque el Ministerio Público lo único que hizo es ser parte de la persecución y de direccionar políticamente el juicio”.
• La exalcaldesa de Sucre Aydeé Nava dijo que la medida era “injusta y definitivamente una mordaza política al ser humano en su desenvolvimiento normal”.
• Para la exprefecta de Chuquisaca Savina Cuéllar, la decisión del Tribunal es política. “Sabemos que la justicia es política por ahora, pero algún día esto se va a esclarecer”, dijo.
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