LOS MARCHISTAS ESTáN A UNOS 50 KILóMETROS DE LA POBLACIóN DONDE LES AGUARDA UN BLOQUEO DE COLONIZADORES Y 300 POLICíAS QUE OFRECEN GARANTíAS
La VIII marcha indígena, que rechaza la construcción de la carretera que divide al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), permaneció ayer en el núcleo escolar Horeb, a 4 kilómetros de San Borja. La fuerte lluvia que se registró en la región y el velorio simbólico del cacique chiquitano, Edy Martínez Rivero, quien falleció en el accidente aéreo registrado cerca de Trinidad impidieron el avance. La marcha tiene previsto partir la madrugada de este sábado hasta la comunidad La Embocada, a 25 kilómetros de San Borja.
El presidente de la Confederación de Pueblos indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, dijo que la marcha continuará hasta la ciudad de La Paz. Se prevé que podrían llegar a Yucumo en dos o tres días, donde continúa el bloqueo de los cocaleros contra la demanda indígena.
El ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, Pedro Calderón, no descartó que los colonizadores usen la violencia para frenar la marcha, si así lo deciden las bases que se reunirán hoy.
Por su parte, el Gobierno envió 300 policías a Yucumo “para resguardar la seguridad de los 1.725 marchistas”. El representante del Defensor del Pueblo en Beni, Luis Revollo Hurtado, manifestó su satisfacción porque se garantizaría la seguridad de los marchistas.
En tanto, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, acusó a las organizaciones no gubernamentales Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS), Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) y la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) de injerencia política en la marcha.
El presidente de la Confederación de Pueblos indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, dijo que la marcha continuará hasta la ciudad de La Paz. Se prevé que podrían llegar a Yucumo en dos o tres días, donde continúa el bloqueo de los cocaleros contra la demanda indígena.
El ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, Pedro Calderón, no descartó que los colonizadores usen la violencia para frenar la marcha, si así lo deciden las bases que se reunirán hoy.
Por su parte, el Gobierno envió 300 policías a Yucumo “para resguardar la seguridad de los 1.725 marchistas”. El representante del Defensor del Pueblo en Beni, Luis Revollo Hurtado, manifestó su satisfacción porque se garantizaría la seguridad de los marchistas.
En tanto, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, acusó a las organizaciones no gubernamentales Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS), Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) y la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) de injerencia política en la marcha.
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