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| Marchistas en Entre Ríos, en los Yungas, ayer. - Efe Agencia |
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) defendió y ratificó ayer el contrato con la brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, pese a las denuncias de irregularidades de ese acuerdo y cuestionamientos al proceso previo de contratación.
“El contrato es totalmente legal”, dijo el secretario general de la ABC, Antonio Mullisaca, quien además rechazó que el proyecto haya sido adjudicado con sobreprecio.
El Ministerio Público, en tanto, emitió ayer un requerimiento fiscal para que la Contraloría General del Estado y la ABC remitan toda la documentación relacionada con el contrato suscrito con OAS, en el marco de la demanda penal interpuesta por el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado.
La Fiscalía también solicitó información a la Policía Nacional sobre la violenta intervención a la marcha indígena ocurrida el pasado 25 de septiembre en Chaparina, Beni.
Del Granado –jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM) – ratificó este miércoles todas las denuncias hechas sobre la contratación de OAS y responsabilizó al gerente de Auditoría Externa de la Contraloría General del Estado, Javier Veza, de haber dado información que indicaba que la carretera tendría 209 kilómetros lineales en puentes, lo que fue desmentido el martes por el vicepresidente Álvaro García Linera.
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